Las empresas
familiares de Castilla y León reclaman un "plan dinamizador" para
ganar tamaño
Alfonso Jiménez, presidente de EFCL
Las empresas familiares reclaman la puesta en marcha de un plan
dinamizador que permita a estas compañías aumentar tamaño y ser líderes en su sector a nivel
nacional e internacional en
un plazo de cinco años.
Éste es el objetivo del documento "Competitividad y Empleo.
Propuestas para el dinamismo empresarial de Castilla y León", en el que se
recogen 38 medidas de carácter fiscal, administrativo, laboral y educativo para
dinamizar el tejido productivo de la Comunidad y que fue presentado ayer.
Según el presidente de EFCL, Alfonso Jiménez, uno de los
principales problemas que tienen las empresas de Castilla y León es que son
pequeñas para mejorar su competitividad y acceder a la internacionalización,
por lo que ha pedido mayor apoyo a las empresas ya existentes y no solo a las
de nueva creación porque solamente tener un cierto tamaño empresarial permite a
las compañías salir al exterior con sus productos y desarrollarse
tecnológicamente y de manera innovadora.
El presidente de EFCL ha asegurado que muchas de las ayudas y
bonificaciones a las empresas están dirigidas a las pymes y cuando se superan los 250
trabajadores o los 30 millones de facturación no se pueda optar a ellas.
El documento de la EFCL revela que el tamaño de las empresas de
la comunidad autónoma es pequeño y solamente el 0,07 tienen más de 250
trabajadores, frente a la media nacional es del 0,12 por ciento.
Según la Asociación, las empresas de mayor tamaño tienden a
presentar mejores indicadorees de productividad y generan un mayor número de puestos
de trabajo.
El crecimiento de las compañías familiares permitiría además
aprovechar la mejoría de la economía para crear empleo. De hecho, el 86 por
ciento de las estas empresas mantendrán o generarán empleo neto en 2014,
porcentaje que se incrementaría de forma notable con un marco que favoreza su
crecimiento.
Asi, en el ámbito fiscal, los empresarios familiares piden que
se acabe con las disparidades entre Comunidades que generan discriminaciones y
piden un tratamiento más
favorable a la inversión empresarial, componente
de la demanda interna que ha anticipado la recuperación del PIB en otros
periodos de crisis económica en los que la inversión contaba con mayores
incentivos fiscales que ahora.
También plantea el establecimiento de un sistema objetivo que
permita el aplazamiento de las obligaciones tributarias y la unificación de
criterios entre la Inspección, la Dirección General de Tributos y los
tribunales, para que las empresas tengan la máxima seguridad jurídica en
materia fiscal.
Desde EFCL también se defiende la
supresión del céntimo sanitario y
el mantenimiento de la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones para la empresa familiar, dado que su modificación impositiva al
alza pondría en riesgo la continuidad de la actividad de muchas compañías, con
la consecuencia directa de la pérdida de empleo en la región.
Tres tipos de contratos
Según EFCL, la complejidad y diversidad de modos de contratación
dificulta el emprendimiento y la creación de empleo, por lo que propone un
esquema de 3 únicas modalidades: un contrato único de carácter indefinido
(flexible, con indemnización creciente), un contrato temporal por necesidades
empresariales (que aglutinara los actuales de obra y servicio, eventual o
interinidad) y un contrato formativo para jóvenes y personas con dificultades
de empleabilidad (que incluya a los actuales en prácticas y para la formación).
También reclama un aumento de la flexibilidad interna en las
empresas, una reforma de las políticas activas de empleo y del régimen
salarial, para que la fijación de los sueldos responda a criterios de
eficiencia, y una ampliación de las bonificaciones a las cotizaciones sociales
que se aplican ahora a emprendedores y empresas de nueva creación.
EFCL señala que la crisis ha obligado a las empresas a ser más
competitivas, reduciendo costes y apostando por la innovación y la
internacionalización, por lo que a su juicio la Administración también debe
acomodarse a esta nueva situación y ganar en productividad y eficiencia, ya que
de una Administración ágil y colaboradora depende en gran medida la
competitividad de las empresas.
Por ello, indica que es necesaria una simplificación y clarificación
normativa, con máxima
coordinación entre las distintas Administraciones, así como una gestión
presupuestaria profesional debidamente evaluada y controlada.
Asimismo aboga por adecuar la estructura de la Administración al
servicio de los ciudadanos y empresas, introducir criterios de productividad en
la política salarial de los funcionarios en los casos posibles y disminuir el
gasto improductivo en la Administración regional.
A nivel de los presupuestos regionales, EFCL defendió que un
aumento de la inversión pública redundaría en beneficio del empleo y el
consumo.
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